INSTRUCCIONES CONJUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS Y DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DECLARACIÓN DE DESAMPARO DE MENORES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA

En virtud de lo que dispone el artículo 172 del Código Civil, la declaración de desamparo del menor de edad supone la asunción de su tutela por parte del órgano administrativo competente en materia de protección de menores y, consecuentemente, la suspensión de la patria potestad o la tutela preexistentes. Ello, ineludiblemente va a conllevar que la guarda, esto es, la atención de las necesidades básicas del menor, pase a, manos de la Administración y, a tal fin, será necesaria la separación, si acaso temporal, del menor y sus padres o tutores.

En Andalucía la competencia para la declaración de desamparo de menores y asunción ex lege de su tutela corresponde a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por aplicación de lo que establece el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería y concretamente, tal función compete a las Comisiones Provinciales de Medidas de Protección -órganos administrativos colegiados adscritos a las distintas Delegaciones Provinciales de la citada Consejería-, según regula el artículo 53 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, o al propio titular de la Delegación en los casos de declaración provisional de desamparo (artículo 32 del Decreto 42/2002).

Si la retirada de los menores se ha de realizar entrando en un domicilio o cualquier otro lugar que tenga el concepto de "morada", será preciso contar con la correspondiente autorización judicial que permita la exoneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, o bien se permite constitucionalmente la entrada en supuestos de flagrante delito. Pero resulta evidente que los menores pasan gran parte de su jornada diaria en la calle y, sobre todo en los centros escolares, en especial los menores de 16 años, edad límite de la escolarízación obligatoria. Por ello, con carácter excepcional en determinadas ocasiones las retiradas de los menores se producen durante dicha jornada escolar y, por ende, en el centro educativo en el que cursan estudios.

En virtud de lo anterior y a fin de establecer el procedimiento de retirada de menores como consecuencia de la declaración de desamparo, se dictan las siguientes

INSTRUCCIONES

Primera.

Las presentes Instrucciones serán cumplidas por !os Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por las distintas Comisiones Provinciales de Medidas de Protección, por los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad que colaboren en las actuaciones que se describen así como por los titulares, directivos y el personal de los centros educativos de Andalucía.

Segunda.

La ejecución de las resoluciones administrativas declaratorias de la situación de desamparo está regulada en el arto 31 del Decreto 41/2002 de 12 de febrero. En su apartado 3 se establece que: "Ante el previsible riesgo de violencia, o ante la imposibilidad de ejecutar de manera pacífica y con la colaboración de los padres tutores o guardadores la resolución administrativa, se procederá a su ejecución forzosa”. Asimismo el apartado 4 prescribe que: "En todo caso, las resoluciones se ejecutarán de oficio por los órganos administrativos de la Junta de Andalucía, recabando, si fuese necesario, el auxilio de las Fuerzas de Seguridad, principalmente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma".

Tercera.

El artículo 11 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, dispone en su apartado 5 que "Los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos están especialmente obligados a poner en conocimiento de los organismos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de menores, de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de desprotección o riesgo o indicio de maltrato de menores, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del menor.

Cuarta.

Así pues, cuando con carácter excepcional se haya de producir la retirada de menores de un centro educativo, la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social competente comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación que corresponda, así como a la Dirección del centro, con una antelación de al menos 72 horas, siempre que ello sea posible y motivos de urgencia no lo impidan, la fecha y hora prevista para la retirada recabando su colaboración. A dicha comunicación se deberá unir información oportuna sobre el grado de conocimiento y participación de los padres, tutores o guardadores, en su caso, en el procedimiento administrativo que da lugar a la retirada del menor. La Dirección lo comunicará igualmente al profesor-tutor del menor.

Todas las personas que intervengan en el proceso mantendrán la preceptiva reserva legal de la información, a fin de no frustrar el cumplimiento de la medida de protección del menor.

Quinta.

La Dirección del centro podrá proponer la hora que considere más adecuada para que se efectúe la retirada, dentro de la jornada escolar de la fecha señalada a tal fin y siempre de acuerdo con los criterios de mejor defensa de los derechos del menor.

Cuando excepcionalmente no se haya podido notificar a los padres, tutores o guardadores, en su caso, el hecho de la retirada del menor del centro escolar con antelación o coetáneamente a que la misma se produzca, se promoverá la oportuna presencia policial en el centro durante el resto de esa jornada escolar a fin de evitar incidentes derivados del conocimiento directo del hecho por parte de los no notificados al acudir al centro a recoger al menor.

Sexta.

El personal de la Entidad Pública de protección de menores o de la fuerza de seguridad actuante se identificará ante la Dirección del centro o, en su caso, miembro del Equipo Directivo. A su vez, hará entrega a la Dirección del centro de copia compulsada de la resolución de declaración de la situación de desamparo y del acta de retirada de menores.

Séptima.

Los titulares, directivos y personal de los centros educativos prestarán toda la colaboración necesaria al personal de la Entidad Pública de protección de menores o de la fuerza de seguridad actuante a fin de que se ejecute la medida de la manera más rápida y eficaz y, fundamentalmente, más acorde con el interés del menor.

Sevilla, a 10 de junio de 2005.
LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS.
Mª Carmen Belinchón Sánchez
EL DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN.
Francisco Martos Crespo